Desde que asumió la presidencia el 7 de diciembre de 2022, Boluarte ha enfrentado una creciente crisis de legitimidad. Según una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos para La República, el 90 por ciento de los peruanos desaprueba su gestión, y solo el 5 por ciento la respalda. Entre los sectores más pobres, la aprobación es aún menor, descendiendo al 3 por ciento.

El 19 de julio se llevó a cabo una movilización masiva a nivel nacional en rechazo al gobierno de Boluarte y al Congreso. Diversos sindicatos, pueblos originarios, comerciantes y otros gremios se unieron para protestar contra lo que consideran un régimen que atenta contra la democracia y los derechos humanos. “¡Viva la movilización nacional!”, corearon los manifestantes.

En la región de Amazonas, las rondas campesinas agrupadas en la Cunarc se unieron a los sindicatos para protestar contra el régimen de Boluarte, el Congreso, los bajos salarios, la explotación laboral y la inseguridad. “¡Democracia sí, dictadura no!”, exclamaron.

Por su parte, la Federación Nacional de Trabajadoras del Hogar del Perú (Fenttrahop) realizó una acción simbólica de lavar banderas peruanas, como reflejo de su labor de cuidado y su rechazo al gobierno, el Congreso y la precariedad laboral.

Amnistía Internacional ha señalado a Boluarte como autora mediata de violaciones de derechos humanos y de las muertes durante las protestas. Madeleine Penman, investigadora de Amnistía Internacional América, comentó que el informe de la organización contiene hallazgos que podrían implicar la responsabilidad penal individual de los altos mandos, incluida la presidenta.

Según el informe, a pesar de ser informada de que las protestas no tenían vínculos criminales ni amenazas terroristas, Boluarte desplegó fuerzas militares y policiales en regiones como Puno y Ayacucho, resultando en 50 muertes y cientos de heridos. Las actas del Consejo de Ministros revelan que durante 29 sesiones lideradas por Boluarte, no se condenó la represión en ningún momento.

La situación en Perú sigue siendo crítica, con un gobierno que enfrenta una profunda crisis de legitimidad y una población que continúa manifestándose en busca de cambios y mejoras en sus condiciones de vida.