A pesar de que el exautócrata ha reafirmado su “voluntad de asumir todos los riesgos” de una eventual candidatura en 2026, figuras políticas y jurídicas subrayan que su regreso está legalmente impedido, ya que fue acusado de crímenes de lesa humanidad y corrupción, entre otros delitos, y aún debe S/57 millones al Estado por casos como los de Barrios Altos y La Cantuta, por los que cumplía una condena de 25 años de cárcel.

“Mi padre es inocente de los cargos que se le han sentenciado. Pero, más allá de mi convicción, hay un debate legal en curso. Entiendo que hay posiciones a favor y en contra”, dijo al respecto la lideresa naranja. “Yo no soy abogada, por lo tanto, me corresponde prudentemente esperar a que este debate se siga dilucidando y serán las instancias electorales las que finalmente definan esta posibilidad. Lo que esperamos es que se le respete el derecho a elegir y ser elegido”, agregó.

El exdictador abandonó en diciembre pasado el penal de Barbadillo luego que el Tribunal Constitucional (TC) restableció el indulto que le otorgó en diciembre de 2017 el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) por su estado de salud.

Impedimento legal

El abogado penalista Carlos Caro explicó que, según la Constitución, cualquier persona condenada en primera instancia por delito doloso no puede postular a cargos de elección popular. Además, la Ley Orgánica de Elecciones prohíbe perpetuamente postular a la Presidencia o Vicepresidencias a cualquier condenado por colusión, peculado o corrupción, incluso si ha sido rehabilitado.

Por su parte, el alcalde de Magdalena del Mar, Francis Allison, ratificó la inhabilitación legal del exdictador, aunque señaló que podría participar en campañas junto a su hija. “La ciudadanía considerará si esta participación es buena o mala”, comentó.