La Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) se reunieron el martes 25 de junio en La Haya con miembros de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI). Invocando el artículo 15 del Estatuto de Roma, presentaron un informe sobre las muertes ocurridas debido a la represión estatal contra las protestas ciudadanas al inicio del gobierno de Dina Boluarte, principalmente en regiones del sur del país. En el informe se detalla "evidencia" sobre la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad de asesinato e intento de asesinato en Perú entre el 7 de diciembre de 2022 y el 9 de febrero de 2023, afectando a 49 personas asesinadas y 937 heridas.

Los documentos presentados por ambas organizaciones describen un ataque sistemático contra los ciudadanos manifestantes, con un uso de la violencia "desproporcionado e indiscriminado" por parte de militares y policías, especialmente contra hombres jóvenes e indígenas. A pesar del conocimiento de las muertes y los heridos, la política de uso de violencia, organizada y aprobada por altas autoridades del gobierno, continuó durante dos meses. Estos hechos, según argumentan, constituyen crímenes de lesa humanidad conforme a la definición del Estatuto de Roma, por lo que solicitan a la Fiscalía de la CPI la apertura de una investigación sobre Perú.