A orillas del río Madre de Dios, las balsas, como mosquitos, succionan el suelo día y noche en busca de oro. La minería ilegal avanza voraz sobre la selva amazónica en Perú, gran productor mundial del metal precioso.
Mientras tanto, bosque adentro, o en lo que queda de él, crece el conflicto entre mineros que se disputan el oro en el frágil ecosistema de la frontera con Brasil y Bolivia.
En Madre de Dios, en el sureste de Perú, la explotación es despiadada, a pesar de la persecución de la fuerza pública. Desde 2017 este departamento megadiverso de 180.000 habitantes pierde en promedio unas 21.000 hectáreas de selva al año.
El precio internacional del oro se disparó en los últimos cuatro años hasta alcanzar en abril su máximo histórico. El apetito de los inversores aumenta la sed por el metal en Perú, décimo productor mundial de oro y segundo en Latinoamérica, según el Servicio Geológico de Estados Unidos.
Donde antes había vegetación hoy se abren profundos socavones inundados de agua color ocre, con las llamadas balsas o tracas dentro que succionan montañas de cascajo en busca de la finísimas y valiosas partículas.
“Los comuneros ya no pueden sembrar aquí su maíz, su plátano, su yuca, porque este terreno ya está muerto prácticamente”, lamenta Jaime Vargas, líder indígena shipibo de 47 años y promotor de la reforestación de los “desiertos de cascajo” que deja la extracción.
Aunque la minería está prohibida en sus territorios, los indígenas conviven con los buscadores de oro que los invadieron, e incluso algunos trabajan con ellos. “Pero el responsable es el Estado, por su desorden” en el manejo de la minería, denuncia Vargas.
La explotación desmedida, entretanto, desata enfrentamientos.
En Perú coexisten tres modalidades de minería: la formal que ampara la ley, la informal en proceso de legalización y la ilegal.
Los ilegales son los mayores depredadores de la selva. Su actividad financia el crimen organizado que se impone en zonas como La Pampa, un enclave sin ley y contiguo a una de las reservas ecológicas de Madre de Dios.
“Los mineros ilegales nos invaden por todo lado”. Lucio Quispe, de 40 años, se expresa con más resignación que enojo.
Horas antes de que hablara con la AFP sus dos hermanos, Robert y Reinaldo, fueron atacados brutalmente a machete cuando limitaban un punto de extracción con cintas rojas de peligro presuntamente por los ilegales.
Hasta mitad de junio, Reinaldo seguía hospitalizado en Puerto Maldonado, capital del departamento.
Los Quispe explotan una concesión de 200 hectáreas a dos horas de la ciudad. Paradójicamente, el mismo Estado que les dio la autorización todavía no los reconoce como mineros formales.
Las tres modalidades se sobreponen entre sí y las tres alimentan el mercado aurífero. En 2022 Perú produjo 96 toneladas de oro, pero se exportaron alrededor de 180 toneladas hacia Canadá, India, Suiza o Estados Unidos, principalmente, según estadísticas oficiales.
“El 45 por ciento de lo exportado no cuenta con registros de producción”, alertó la superintendencia que supervisa la banca peruana y coopera contra el lavado de activos.
La OEA, en un reciente informe de su división contra la delincuencia organizada trasnacional, apuntó al corazón del problema: tanto la minería informal como ilegal permearon el comercio del oro peruano.
Incluso, estudios independientes sitúan a Perú como el mayor exportador de oro ilegal en Sudamérica, con el 44%, por delante de Colombia (25 por ciento) y Bolivia (12 por ciento), de acuerdo con el Instituto Peruano de Economía.
