La indagación fue inicialmente advertida por el medio Hildebrandt en sus Trece, que reveló los avances de la investigación en los que se sindica a la mandataria Dina Boluarte Zegarra, como líder de una supuesta organización criminal que habría operado desde su tiempo como ministra de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) en julio de 2021.

Según la tesis fiscal, Boluarte repartió contratos del programa Qali Warma a empresarios que financiaron su campaña electoral en 2021, y benefició a allegados de su hermano Nicanor Boluarte.

A este último, el Ministerio Público lo ha sindicado como ejecutor en la sombra de la presunta organización criminal; la misma que, según investigaciones fiscales, funcionaría como una red delictiva que tenía una estructura vertical, con Dina Boluarte como líder y Nicanor Boluarte en un papel clave.

La organización, que presuntamente comenzó en el MIDIS, se habría expandido a otras instituciones públicas, incluyendo la Dirección General del Gobierno Interior y el Instituto Peruano del Deporte (IPD), con el objetivo de capturar poder y fondos públicos.

Informaciones de medios de investigación como Cuarto Poder y otras fuentes señalan que una de las principales empresas beneficiadas sería Corporación Belcen, la misma que habría recibido, según las pesquisas, millonarios contratos de Qali Warma.

Ello, incluso presentando documentos falsos y evitando ser inhabilitada como proveedor estatal gracias a la intervención de Nicanor Boluarte. Los hechos de investigación implican incluso a Fredy Hinojosa Angulo, ex director ejecutivo de Qali Warma y actual vocero presidencial.

Por otro lado, existirían varias contrataciones de personajes cercanos a Nicanor Boluarte bajo la lupa. Según el semanario, varios amigos y allegados del hermano de la presidenta fueron ubicados en puestos claves del MIDIS, incluidos organismos como Pronacej, País, y Fondepes.

Este personal, que trabajaba con el hermano de Dina Boluarte en el Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción (Sencico), incluye a nombres como Arturo Miranda Blanco, Denilson Leo Torres, Genoveva Correa Visalot y Enrique Vílchez Vílchez.

Mientras tanto, desde el EFICCOP, las investigaciones siguen su curso, pese a amenazas e intentos de intimidación contra la fiscal coordinadora de dicho Equipo Especial, Marita Barreto. Si bien las acciones de reglaje contra fiscal fueron advertidas durante la semana pasada.

En el transcurso de esta semana, el titular del Ministerio del Interiór, Santiváñez aseveró que estas acciones no tenían que ver con actos de amedrentamiento; no obstante, el semanario sostiene por fuentes dentro del Mininter que quien habría dado la orden para el presunto reglaje contra Barrero era el mismo titular de dicho equipo.

La actuación del gobierno en este contexto ha sido vista como un intento de sabotear las investigaciones y desmantelar la División de Investigación de Alta Complejidad (DIVIAC), que apoya el trabajo del Eficcop. Dina Boluarte ha defendido su inocencia y negado conocer a algunos implicados, pero las pruebas y los testimonios entregados a la Fiscalía complican su situación.