Denunciaron a Boluarte por presunta violación sistemática de los Derechos Humanos
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La presidenta de Perú, Dina Boluarte, enfrenta una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) por presunta violación sistemática de los Derechos Humanos desde que asumió el cargo tras el derrocamiento del exmandatario izquierdista Pedro Castillo en diciembre de 2022. La iniciativa legal es liderada por el diplomático Harold Forsyth, exvicecanciller peruano y exembajador ante la OEA, y se basa en las numerosas muertes ocurridas durante las protestas contra el gobierno de Boluarte.
Forsyth explicó a la emisora limeña Exitosa, y como reporta el diario La República, que la denuncia se debe a la falta de acción de las cortes de justicia nacionales para abordar las violaciones de derechos humanos y las muertes de decenas de compatriotas sin que nadie asuma la responsabilidad. Según Forsyth, esta será la primera denuncia de este tipo contra un jefe de Estado peruano ante la CPI.
A buena hora la denuncia contra Dina Boluarte, hay que castigar a los violadores de los derechos humanos, la vida se respeta, solo Dios le puede quitar, señores cavernarios de la derecha del Congreso, protector de la señora Rolex.
— Antonioguille (@toguille7) June 13, 2024
Los incidentes se remontan a diciembre de 2022, cuando Boluarte asumió la presidencia y se desataron protestas en varias regiones del país, exigiendo el cierre del Congreso, el adelanto de elecciones y la renuncia de la mandataria. La represión policial y militar resultó en decenas de muertos, estimados en alrededor de 65 hasta el momento, incluyendo un miembro de las fuerzas de seguridad.
Diversas organizaciones sociales y familiares de las víctimas han protestado repetidamente, denunciando la indiferencia de Boluarte. Las visitas de la presidenta a distintas regiones del país han sido marcadas por manifestaciones de repudio debido a los abusos cometidos por el Estado. Organizaciones internacionales también han denunciado las violaciones a los derechos humanos durante casi dos años de su gobierno. Pese a la alta desaprobación ciudadana, el Ejecutivo peruano mantiene su postura de continuar en el poder hasta 2026.
