El Ministerio de Salud rechazó entregar la indemnización económica establecida por la sentencia de la ONU, señalando que “no le corresponde”. Esta postura ignora precedentes de los casos K.L. (2015) y L.C. (2018). Hasta ahora, de las 10 recomendaciones del fallo sobre ‘Camila’, solo se ha publicado la versión completa en castellano en las plataformas oficiales del Gobierno, quedando pendiente su traducción al quechua.

La atención médica brindada a ‘Camila’ también ha sido insuficiente. Los sanitarios insistieron en que asistiera a citas prenatales y, al dejar de acudir, la buscaron en su casa, lo que agravó el estigma en su familia, comunidad y colegio, el cual tuvo que abandonar. Tras sufrir un aborto espontáneo, un fiscal abrió una investigación en su contra bajo la acusación de provocarse el aborto. Además, la obligaron, junto a su agresor sexual, a regresar a "la escena del crimen".

El representante del Ministerio Público desvió la atención de la investigación por violación para centrarse en un supuesto aborto autoinfligido, sin evidencias. A pesar del fallo, el Ministerio de Salud no ha garantizado atención integral gratuita en salud mental a ‘Camila’, quien presenta depresión e ideación suicida. Aunque se solicitó un tratamiento psicológico vitalicio gratuito, solo se le ofreció atención en el Centro de Salud Mental Comunitaria de Huanipaca (Apurímac), de donde escapó por estigmatización. Actualmente, psicólogos de Promsex, organización que la respalda legalmente, atienden su salud emocional.

Representantes de los ministerios de Educación y Salud no han respondido al respecto. Además, no se designó un responsable estatal para coordinar el cumplimiento del fallo y la comunicación con ‘Camila’ y sus abogados. Aunque la directora ejecutiva de salud mental, July Caballero, fue propuesta para este rol, no se formalizó su designación.