Durante el Simulacro Nacional Multipeligro 2024, los periodistas que acudieron al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) fueron restringidos a una sala contigua, sin acceso directo a la presidenta Boluarte. Solo se permitió la presencia de camarógrafos del canal del Estado y fotógrafos, impidiendo así que los periodistas formularan preguntas a la mandataria. Este hecho fue justificado por el Ministerio de Defensa como una medida para proteger a los periodistas de la intemperie, pero se reconoció que generó malestar entre los presentes, y se prometieron medidas correctivas.

La medida generó una fuerte condena por parte de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) y el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS). Ambas organizaciones denunciaron las restricciones como un obstáculo a la libertad de expresión y un maltrato a los periodistas. Según María Laura Galindo de Canal N, los periodistas fueron efectivamente encerrados, mientras que alrededor de 50 policías formaban un cerco perimetral para proteger a la presidenta.

El ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini, intentó justificar el incidente alegando razones de orden y aseguró que Boluarte retomaría el contacto con la prensa en el futuro, sin especificar una fecha concreta. Estas declaraciones no lograron apaciguar el malestar generado por el trato recibido por los periodistas.

Este incidente recuerda restricciones similares ocurridas durante el gobierno del vacado expresidente Pedro Castillo. En octubre de 2022, después de una conferencia en Palacio de Gobierno, los periodistas también fueron confinados en una sala sin poder escuchar las declaraciones, lo que llevó a una protesta simbólica en la que dejaron sus micrófonos en el suelo.