En un reciente evento protocolar en la provincia de Carabaya, Puno, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, se vio obligado a enfrentar protestas y reclamos por justicia en medio de la creciente descontento popular. Acompañado por los ministros Rómulo Mucho, Elizabeth Grado, Walter Astudillo y Juan Haro Muñoz, Adrianzén fue recibido con gritos de "asesinos" y "el pueblo los repudia" por los ciudadanos locales, quienes exigían respuestas y justicia por las víctimas de la represión durante las protestas contra el Congreso y la presidenta Dina Boluarte. Incluso el alcalde de Carabaya fue tildado de "traidor" por aceptar la visita de los ministros. En respuesta a las manifestaciones, Adrianzén aseguró que se investigarán las muertes, aunque muchos consideran esto una simple promesa vacía.

En otro ámbito, el fiscal José Domingo Pérez ha denunciado una instrumentalización política en su contra y contra su colega Rafael Vela Barba, ambos encargados del caso Lava Jato. Pérez afirma que se busca deslegitimar su trabajo y el juicio contra Keiko Fujimori en el caso Cócteles. Esta acusación surge tras la denuncia de Luis Miguel Caya Salazar, del partido Apra, quien acusó a Pérez, Vela y al periodista Gustavo Gorriti de corrupción y cohecho. Pérez sostiene que estas acciones buscan evitar el juicio de Fujimori, programado para julio.