En una sesión del Consejo de Ministros celebrada el 17 de mayo, se aprobó por unanimidad la presentación de la demanda competencial. La Oficina de Asesoría Jurídica de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) elaboró un informe que sustenta esta acción, centrado en el artículo 117 de la Constitución peruana. Este artículo enumera los delitos por los cuales un presidente puede ser acusado durante su mandato: traición a la patria, impedir elecciones, disolver inconstitucionalmente el Congreso e impedir el funcionamiento del sistema electoral.

Argumento del Ejecutivo

El Ejecutivo sostiene que el Ministerio Público no tiene competencia para iniciar y proseguir actos de investigación preliminar contra el presidente en funciones, ya que esto vulneraría la inmunidad presidencial consagrada en el artículo 117 de la Constitución. Además, cuestiona la autoridad del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria para autorizar diligencias como allanamientos o registros domiciliarios en contra del presidente.

Postura Histórica

Tradicionalmente, la Fiscalía de la Nación había sostenido que los presidentes en funciones no podían ser investigados durante su mandato. Esta postura fue adoptada por fiscales como Adelaida Bolívar, Gladys Echaíz, José Peláez Bardales y Pablo Sánchez en casos contra ex presidentes Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala.

Cambio de Interpretación

La exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos abrió diligencias preliminares contra el entonces presidente Martín Vizcarra, aunque suspendiéndolas hasta el fin de su mandato. Posteriormente, Pablo Sánchez incluyó a Pedro Castillo en una investigación preliminar, estableciendo un precedente de que un presidente en funciones puede ser investigado preliminarmente.

Ratificación Judicial

Esta nueva interpretación fue ratificada por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria y la Sala Suprema Penal Permanente, que rechazaron los recursos de tutela de derechos presentados por la defensa de Castillo, apoyando la posición del Ministerio Público.

Respuesta del Gobierno

Boluarte, a través de su premier Gustavo Adrianzén, busca que el Tribunal Constitucional obligue al Ministerio Público a volver a la postura jurídica anterior, que protegía a los presidentes en funciones de ser investigados durante su mandato.

Implications

Si la demanda es aceptada y el Tribunal Constitucional falla a favor de Boluarte, se restablecería la inmunidad presidencial tal como se interpretaba antes del caso de Pedro Castillo, evitando que los presidentes sean investigados por delitos fuera de los especificados en el artículo 117 durante su mandato.

La presentación de esta demanda competencial subraya las tensiones entre el Ejecutivo y las instituciones judiciales y fiscales en Perú, y plantea importantes cuestiones sobre el alcance de la inmunidad presidencial y la separación de poderes en el país.