Para su traslado, Boluarte usó el mismo vehículo que el expresidente Pedro Castillo (2021-2022) empleaba para desplazarse a la casa de Sarratea, en Breña, lugar de múltiples encuentros no registrados oficialmente y donde, de acuerdo con la Fiscalía, se planearon actos ilícitos.

Mientras los agentes reunían documentación referente a la investigación que vincula al abogado con una supuesta red criminal encabezada por el hermano presidencial, Dina Boluarte tocó la puerta, pero al encontrarse cara a cara con los policías, optó por retirarse de inmediato.

El registro estaba inicialmente programado para la oficina 702 del edificio miraflorino, ubicación regular del despacho de Castañeda. No obstante, al observar que el letrado utilizaba también la oficina 703, fue solicitada una ampliación de la medida judicial.

“Siendo que a horas 9:15 aproximadamente, tocaron el timbre del inmueble en proceso de allanamiento. Al abrir la puerta, el capitán PNP Mogrovejo Ramos Renán se vio sorprendido al observar a la presidenta de la República, la misma que al notar la presencia policial se dirigió al ascensor”, se lee en el auto de extensión de registro.

“En esas mismas circunstancias, salió raudamente la abogada que participa como testigo trabajadora del estudio jurídico [...] allanado para luego subir al ascensor y retirarse con la presidenta [quien] estaba vestida con una chompa tipo lana de alpaca color hueso”, sigue el texto.

Jean Pajuelo, secretario de Comunicación Estratégica y Prensa de la Presidencia, confirmó la inusual visita de Boluarte, quien estuvo resguardada por su escolta personal. De igual modo, señaló que el propósito fue coordinar detalles de su defensa legal con el abogado Eduardo Barriga, relacionados con una pesquisa fiscal que está en curso.

“En cuanto a quién asumirá su defensa en la reciente investigación, dado que recibió la notificación del Ministerio Público el último viernes por la noche, aún está por verse quién ejercerá su patrocinio legal”, dijo Pajuelo en una comunicación enviada a Latina.

La agenda de la gobernante es pública y todo traslado presidencial debe ser coordinado con los agentes de Inteligencia, quienes disponen de un plan específico para proteger a la primera funcionaria del país, enfatizó Cuarto Poder. Boluarte, sin embargo, no acató ninguna de estas disposiciones.

El Equipo Especial contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) señala a Castañeda como el brazo legal de la supuesta red de tráfico de influencias encabezada por Nicanor Boluarte, hermano de la gobernante, también detenido. Según la investigación, el letrado habría propuesto beneficios ilícitos a los coroneles Harvey Colchado y Walter Lozano a cambio de que concluyan las indagaciones contra el pariente presidencial.

Boluarte ha afirmado que no se distraerá con “asuntos menores” y expresó su confianza en la justicia, aunque no mencionó directamente el arresto de su familiar. Por su parte, el vocero del despacho presidencial, Fredy Hinojosa, aseguró que la mandataria “de ninguna manera” considera renunciar.

“Lo importante es que el Gobierno tiene establecidos los grandes objetivos nacionales”, sostuvo mientras, casi en simultáneo, el Ministerio Público anunciaba el inicio de diligencias contra la presidenta por supuesto encubrimiento al desactivar el grupo policial que apoya a los fiscales anticorrupción antes de la aprehensión de su hermano.