A pesar de que esta región, junto con Pataz, fue declarada en estado de emergencia tras la solicitud del Gobernador regional de La Libertad, César Acuña, los actos delictivos y las extorsiones persisten sin disminuir. La población, desconfiada del discurso de la mandataria y demandan medidas concretas para hacer frente a la crisis que los afecta diariamente.

Entre los reclamos que resuenan con mayor urgencia se encuentra el de la seguridad. En su discurso, la Presindete de la República prometió tranquilidad, pero sus palabras aún no logran calmar los temores que acechan a los habitantes de Trujillo.

“Hermanos de La Libertad y el Perú, la delincuencia y el crimen organizado no nos van a vencer, no nos van a ganar”, expresó con determinación la Presidenta, asegurando que no vacilará en enfrentar esta ardua lucha por la seguridad ciudadana.

Desde la provincia de Trujillo, declarada en estado de emergencia, los testimonios de los ciudadanos no son los más alentadores. “Antes era más tranquilo, había más confianza para salir a la calle, ahora no se puede salir”, lamenta uno de los vecinos, reflejando el sentir generalizado de la población. La incertidumbre y el miedo se han convertido en compañeros constantes.

La urgencia por soluciones concretas se hace evidente en medio de una ola de inseguridad que parece no dar tregua. Los ciudadanos demandan acciones efectivas por parte de las autoridades para combatir la delincuencia que amenaza su tranquilidad y su bienestar. “Esperamos que hagan algo, porque dicen que estamos en estado de emergencia, pero si no actúan, estamos complicados”, expresó con angustia un ciudadano trujillano en diálogo con Exitosa.

La administración de la presidenta Dina Boluarte ha tomado medidas ante la creciente ola de criminalidad que azota a la capital de La Libertad, Trujillo, y a la provincia de Pataz. En una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, el Jefe de Gabinete, Alberto Otárola, anunció la declaración de estado de emergencia por un período de 60 días, con la intervención del Ejército en Pataz para enfrentar la “alarmante actividad delictiva, especialmente ligada a la minería ilegal”.t

“El año pasado se registraron más de 30 mil delitos en Trujillo, con 11 mil casos de hurto y robo en toda la provincia. En lo que va de 2024, estamos enfrentando casi una muerte diaria, evidenciando la presencia de bandas criminales que afectan especialmente a las áreas más densamente pobladas”, destacó el primer ministro.

El control interno en esta región estará a cargo de la Policía Nacional del Perú (PNP), con el respaldo de las Fuerzas Armadas, con el objetivo de restablecer la seguridad y proteger a los ciudadanos afectados por esta ola delictiva.

En cuanto a Pataz, la situación es aún más grave, con sabotajes a siete torres de alta tensión, atentados con explosivos y un crecimiento descontrolado de la minería ilegal. “Enfrentamos a más de 20 bandas organizadas que se lucran del comercio ilegal de oro, lo que ha desencadenado una serie de delitos como extorsiones, explotación laboral y sexual, proxenetismo, tráfico de armas e insumos químicos”, detalló el Jefe de Gabinete.

La medida de emergencia implica también la prohibición de eventos sociales y espectáculos desde la medianoche hasta las 4 de la madrugada, como parte de las estrategias para combatir la actividad delictiva.