El resto de las muertes aún están en la etapa de investigación preliminar en la Fiscalía de la Nación. Sin embargo, el recurso planteado ante el Poder Judicial por la defensa de la jefa de Estado también apunta a que se cierre dicha investigación.

“El amparo es contra la denuncia constitucional que se ha puesto en primer lugar (por 6 muertes) y contra toda la investigación. No tiene ningún tipo de soporte fáctico. Esto requiere primero establecer en los 49 casos, caso por caso, (...) darle la posibilidad al policía de decir algo. No condenarlo en los medios. No generar la absurda relación de víctima-victimario de una presidenta de la República que no tiene nada que ver”, dijo Campos.

La denuncia constitucional contra Patricia Benavides es respecto a los homicidios de Christopher Michael Ramos Aime, José Luis Aguilar Yucra, Rosalino Florez Valverde, Sonia Aguilar Quispe y Víctor Raúl Santiesteban. Por estas muertes se le imputa a Boluarte la presunta comisión del delito de homicidio calificado por omisión en contexto de graves violaciones a los derechos humanos.

En un documento remitido al fiscal y revelado este jueves por RPP, Boluarte no solo compartió su pesar por la ausencia de respuestas hacia los familiares de los afectados, sino que también declaró que no impulsará la investigación y exhortó al cierre si el fiscal lo considera adecuado. El abogado de la presidenta, Joseph Campos, respaldó la decisión y enfatizó en una entrevista con RPP que esto debería verse como un gesto hacia la reconciliación nacional.

La investigación a cargo de Muñoz Lapa por violencia contra la autoridad no ha finalizado, continúa su fase preliminar de 20 días, manteniendo a Bárcena y Aimé, familiares de Leonardo Hancco y Cristopher Ramos respectivamente, en riesgo de enfrentar procesos más severos. Las mujeres han demostrado su cooperación con las autoridades: Bárcena se presentó ante la Fiscalía en Huamanga, y Aimé tenía prevista su comparecencia esta semana. La abogada de las mujeres, Gloria Cano, ha comentado al medio Infobae que veía mínimas las posibilidades de que las acciones de sus defendidas fueran calificadas como un delito penal.