Tensión: el Gobierno de Boluarte pasó a retiro a Gómez de la Torre, jefe del Comando Conjunto
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El Gobierno de Dina Boluarte dispuso el cese del general Manuel Gómez de la Torre en la jefatura del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA). La resolución suprema 138-2023-DE salió publicada en el diario oficial El Peruano con las firmas de la presidente y del ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta.
La decisión del Ejecutivo se sustenta en que Gómez de la Torre habría superado el límite de tiempo de servicios como oficial que es 40 años. Este punto se encuentra incluido en la ley 31496, promulgada por el Congreso de la República en el 2022, que reformó el artículo 10 de la ley 28359 o también llamada Ley de situación militar de los oficiales de las Fuerzas Armadas.
En la norma se indica las causales por las que un jefe del CCFFAA o comandante general del Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea podrían ser removidos antes de cumplir los dos años que le corresponde. Sin embargo, la misma fue usada por Boluarte Zegarra para extender por un año más la permanencia de Manuel Gómez de la Torre.
“Los oficiales generales o almirantes que sean nombrados como Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas o comandante general de la institución armada correspondiente, ejercen sus funciones por un periodo de dos años; pudiendo prorrogarse por un año adicional únicamente en el caso del Jefe del Comando Conjunto”, señala el dispositivo legal.
Es así que en la resolución suprema 040-2023 se anotó que Gómez de la Torre siga al frente del CCFFAA hasta el 3 de agosto del próximo año. Pero esto quedará sin efecto porque general de división, David Ojeda Parra, lo reemplazará a partir del 1 de enero del 2024.
Desmintió a Boluarte
Manuel Gómez de la Torre llegó a liderar el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas en el gobierno de Pedro Castillo. Precisamente, el expresidente intentó que acatará su fallido autogolpe de Estado del 7 de diciembre del 2022, pero no lo logró. Es así que Dina Boluarte lo mantuvo en su puesto para que dirija la violenta política de represión contra las protestas que se dieron hace un año y cuyo saldo dejó más de 60 muertos.
Por este caso, Manuel Gómez de la Torre se encuentra en calidad de investigado en la Fiscalía por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves. El 13 de junio declaró ante la Procuradoría General del Estado y el Ministerio Público que Boluarte sí sabía de las acciones que desplegaron en las manifestaciones antigubernamentales del sur del país.
“Sí se informaba al ministro de Defensa y, por intermedio de este, a la Presidencia de la República de las acciones militares en apoyo a la Policía Nacional”, señaló de acuerdo a un acta al que el semanario Hildebrandt en sus Trece accedió. Incluso, agregó que se reunió con la mandataria el 17 de diciembre del 2022.
“Sí acudí a Palacio de Gobierno como parte del equipo del Ministerio de Defensa, el quien habla y dos oficiales más del Estado Mayor para darle cuenta a la señora presidenta”, acotó.
Gómez de la Torre enfatizó que las funciones que la presidenta Boluarte y el entonces ministro de Defensa y hoy premier, Alberto Otárola, consistieron en “dar (a las fuerzas del orden) lineamientos que permiten la formulación de la directiva estratégica militar y, posteriormente, los planes de nivel operacional y nivel técnico”.
De esta manera, el jefe militar contradijo a la mandataria que había mencionado en una entrevista al diario El Comercio y ante la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, que no tenía comando sobre las FFAA y la PNP en un intento por evadir cualquier responsabilidad política.
El reemplazo con cuestionamientos
Como se mencionaba, el general de división David Ojeda Parra será el flamante jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Al igual que Manuel Gómez de la Torre fue citado en calidad de testigo a la Fiscalía para aclarar el rol que tuvo el Ejército durante las protestas, pero finalmente no asistió porque solicitó reprogramaciones.
Adicionalmente, la gestión de Ojeda Parra al frente del Ejército culminó también en medio de irregularidades por la compra de 30 blindados portatropas 8x8, que estaba siendo gestionado por la Comisión de Estudio Técnico Operacional (CETO). Esta adquisición se suspendió tras recibirse un informe de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas (ACFFAA).