El nuevo decreto legislativo permite que la Policía Nacional del Perú (PNP) realice actos de investigación por propia iniciativa, supuestamente bajo la dirección jurídica de un fiscal. Sin embargo, críticos advierten que esta disposición podría afectar gravemente el derecho al debido proceso, al permitir intervenciones y detenciones sin una orden judicial o solicitud fiscal, y hasta el acceso a comunicaciones privadas de los ciudadanos sin necesidad de autorización.

El artículo 67 del decreto ha sido particularmente señalado, ya que permite a la PNP tomar conocimiento de delitos e iniciar investigaciones urgentes, formando parte de las diligencias preliminares. Esto, según expertos, pone en riesgo la privacidad y los derechos de los individuos al ser susceptibles de intervenciones y recolección de datos sin el debido proceso legal.

Otras funciones otorgadas a la PNP incluyen la posibilidad de alterar escenas del crimen para recolectar evidencias, un acto que podría facilitar la contaminación de pruebas y afectar el curso justo de los procesos judiciales. Además, se les concede la capacidad de realizar levantamientos de cadáveres en ausencia de un fiscal, lo cual plantea preocupaciones sobre potenciales actos de encubrimiento, especialmente en contextos de protestas sociales.

Abogados y defensores de derechos, como Carlos Rivera del Instituto de Defensa Legal y Juan José Quispe, han manifestado su preocupación, calificando el decreto como un intento de equiparar e incluso suprimir la autoridad del Ministerio Público, lo que consideran una clara inconstitucionalidad. La medida ha reavivado el debate sobre la seguridad ciudadana y la protección de derechos civiles en Perú, generando un llamado urgente para revisar y posiblemente revertir las disposiciones del DL 1605.