Finalmente, sostuvo que dieron presupuesto adicional a la Fiscalía de la Nación “para que investigue de manera célere aquellos fallecimientos que han dolido a la patria y nos duele a nosotros”. Pues, señaló que esperan que el nuevo fiscal Juan Carlos Villena, asignado luego que se suspendiera a Patricia Benavides por estar supuestamente involucrada en una organización criminal, “pueda investigar para que todos sepamos la verdad, y sobre todo la misma presidenta”

Sin embargo, “el equipo especial (de fiscales del Ministerio Público) cuando vino a Juliaca, no tenía papel, ni impresoras. Nosotras tuvimos que prestarles nuestra mesa e impresoras para que emitan las actas. ¿Dónde están los millones destinados a que puedan avanzar con las investigaciones?”, cuestionó en noviembre Raúl Samillán, presidente de la Asociación de Mártires y Víctimas de Juliaca, durante audiencia de la CIDH.

Los deudos denuncian incumplimiento del gobierno

Ante ello, Raúl Samillán también denunció que 80 heridos de las manifestaciones en la ciudad de Juliaca no han recibido rehabilitación médica por parte del Ministerio de Salud de Perú (Minsa). Samillán, cuyo hermano fue una de las víctimas mortales en los disturbios, refutó las afirmaciones del gobierno y enfatizó el incumplimiento de las recomendaciones de derechos humanos referentes a atención y recuperación de los afectados

La vocera del Minsa, Claudia Fuentes, había indicado que el Estado peruano brindó atención a 1.398 afectados durante las protestas y que se realizaron 1.700 atenciones de salud, incluyendo medidas de rehabilitación y atención psicológica hasta octubre. Reportó capacitaciones en centros de salud mental en diversas regiones de Perú. No obstante, Samillán contradice tal declaración, señalando la ausencia de apoyo documentado y la continuidad del sufrimiento y maltrato psicológico de los miembros de su asociación