Los colegios de la región suspendieron las clases escolares y, de igual forma, mercados y comercios permanecían cerrados en las primeras horas del día.

En la catedral de la ciudad de Huamanga se realizó una misa en memoria de los 10 fallecidos del 15 de diciembre del 2022, a la que acudieron los familiares de las víctimas y ciudadanos que se acercaron para darles el pésame, según las imágenes compartidas en la red social X (antes Twitter).

Varios medios de comunicación, como el diario La República y el semanario Hildebrandt en sus trece, publicaron este viernes testimonios e imágenes de la represión de los manifestantes que llevó a cabo el Ejército, además de la Policía Nacional, en las inmediaciones del aeropuerto de Ayacucho y del cementerio de Huamanga hace exactamente un año.

Daisy González relató al medio La República que tuvo que esconderse de los disparos de los militares en una cuneta en los exteriores del terminal y que fue testigo del momento en que John Mendoza, con quien estaba conversando, recibe un disparo por la espalda.

"Los militares estaban a unos tres o cinco metros. Estábamos casi frente a frente. Luego se acercan y nos apuntan", recordó la mujer.

González agregó que "el joven Jhon intentó pararse y ahí fue que le cayó la bala de un militar por la espalda. La bala me pudo caer a mí. Yo giro hacia él y lo jalo para ayudarlo".

La testigo contó que otros militares impidieron que una ambulancia se acerque para auxiliar a Mendoza y que ella misma fue agredida en el rostro para evitar que ayude al hombre.

Por su parte, Hildebrandt en sus trece mostró imágenes de las inmediaciones del cementerio general de Huamanga que prueban, según informan, que en esa fecha "el Ejército disparó a matar contra civiles desarmados que ni siquiera participaba de las manifestaciones".

Las investigaciones por un total de 49 muertes, a nivel nacional, en enfrentamientos directos con las fuerzas del orden en las protestas, de diciembre a febrero de este año, aún no han determinado las responsabilidades de los hechos, a pesar de las evidencias presentadas por medios de comunicación.

La presidenta Dina Boluarte y el titular del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, además de los entonces ministros del Interior han sido denunciados por la fiscalía por presunto genocidio, pero estas autoridades han negado su responsabilidad en los hechos, al señalar que no hubo órdenes en ese sentido.