La medida surge después de que el congresista Alejandro Aguinaga, implicado en el caso, presentara una demanda de amparo.

La CIDH calificó las esterilizaciones forzadas como delitos en el contexto de «graves violaciones de derechos humanos» y expresó su preocupación por cómo la decisión de la corte podría afectar la celeridad y el acceso a la justicia de las miles de víctimas.

En respuesta, la CIDH instó al Gobierno de Dina Boluarte a adoptar medidas urgentes para garantizar el acceso a la justicia y la reparación de las víctimas afectadas por esterilizaciones forzadas y otras formas de violencia contra las mujeres.

Esta advertencia se suma a otras críticas dirigidas al Gobierno, especialmente después de la liberación de Alberto Fujimori, lo que ha generado tensiones con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Los delitos de los investigados

Cabe destacar que en el caso de las esterilizaciones forzadas se señala que hubo más de 217 mil víctimas entre los años 1996 y 2000. Los delitos que se le imputan tanto a Alberto Fujimori como a los exfuncionarios de su régimen, Eduardo Yong, Marino Costa Bauer, y Alejandro Aguinaga, implican la presunta comisión de lesiones graves, lesiones seguidas de muerte, homicidio culposo, exposición a peligro, secuestro, coacción, peculado, encubrimiento real, omisión de denuncia y omisión de funciones. Así lo ha detallado el Instituto de Democracia y Derechos Humanos.

Asimismo, el IDEHPUCP precisó que contra Fujimori Fujimori pesan los presuntos delitos de autoría mediata por dominio de la voluntad, autoría mediata por dominio de la libertad y autoría mediata por dominio de aparatos organizados de poder. Ello al haber establecido una política estatal de “control de natalidad” que se acentuó en las regiones más pobres del país.