Entre los principales abusos cometidos contra reporteros y fotoperiodistas están las detenciones arbitrarias, estigmatización, trabas de acceso a la información referida a las movilizaciones, disparos de perdigones, agresiones físicas con un claro abuso de autoridad e iniciativas de orden legal orientadas a parametrar coberturas. Todos estos agravios fueron perpetrados tanto días posteriores a la toma de mando de Boluarte, como en el transcurso de este año.

Un año de impunidad y sin garantías para la labor

Estos agravios se suman a los vividos por muchos peruanos que participaron en las mismas protestas que los hombres y mujeres de prensa que las cubrieron. En el caso de estos, los abusos han llegado a tal punto que hasta la fecha se han registrado un total de 49 asesinatos y más de 200 damnificados para los que aún no existe un responsable; ello luego de que, tanto Dina Boluarte como su primer ministro Alberto Otárola, sigan rehusándose a asumir la responsabilidad política de los casos alegando que debían “proteger la vida de los 33 millones de peruanos” por sobre el de las víctimas de las fuerzas armadas y policiales.

La impunidad sigue siendo una constante en este panorama, ya que no se han reportado avances sustanciales en las investigaciones de los ataques a periodistas. La ANP se mantiene vigilante y en estado de alerta frente a las anunciadas movilizaciones del 7, 8 y 9 de diciembre, consciente de que estas circunstancias representan un aumento del riesgo para los periodistas en ejercicio de su labor informativa.

Como si esto no fuera poco, a nivel normativo, la ANP detectó una serie de intentos de cercenar la cobertura periodística a través del “Protocolo de actuación interinstitucional para la coordinación y atención a periodistas y comunicadores sociales en contextos de alteración al orden público”, propuesta que dicha institución evaluó como un mecanismo para limitar la libertad de prensa.

Últimas disposiciones de Dina Boluarte criminalizan el derecho a la protesta

Es en el marco de las protestas anunciadas para este año de gestión de la actual mandataria, que el Gobierno nuevamente se ha decantado por una serie de decretos que, lejos de garantizar un ejercicio más ordenado de la cobertura periodística, termina por criminalizar el derecho a la protesta, generando caos e inestabilidad en el desarrollo de un evento que termina por exponer el ejercicio a nuevos agravios perpetrados, prioritariamente, por las fuerzas del orden.

Estas disposiciones comprenden, por ejemplo, el decreto legislativo 1589, el cual dispone una pena de hasta 15 años de cárcel efectiva para todos aquellos ciudadanos que incurran en el delito de bloqueo de carreteras. Como se sabe, esta ha sido una práctica constante de la población a lo largo y ancho del país durante las protestas contra Boluarte. En ese mismo decreto se dispone también incrementar las penas por disturbios hasta los 10 años de cárcel.