Desde este sábado 23 de setiembre, el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte tiene las manos atadas ante cualquier intento de criminalizar la libertad de expresión. Ello tras la publicación en el Diario Oficial El Peruano de la ley de facultades legislativas en materias de seguridad ciudadana, gestión del riesgo de desastres-Niño Global, infraestructura social, calidad de proyectos y meritocracia.

Como se recuerda, el Gobierno solicitaba facultades legislativas para, entre otros, “sancionar a los instigadores del delito de disturbio” ya que, afirmaban que, durante las protestas antigubernamentales, se habrían cometido los delitos de disturbios y entorpecimiento a los servicios públicos, “ilícitos que muchas veces han sido cometidos a consecuencia de instigación incluso de funcionarios públicos y de comunicadores que utilizando medios de comunicación masivos han convocado a distintas marchas incluso incitando a la violencia”.