Se refiere en particular a la idea de crear la Policía de Seguridad y Vigilancia, un nuevo cuerpo adosado a la Policía Nacional e integrado por licenciados de las Fuerzas Armadas, como forma de cubrir el déficit de agentes, y el pedido al Legislativo facultades para legislar medidas más duras contra la criminalidad.

El objetivo, explicó el ministro del Interior, Vicente Romero, es cubrir el déficit de policías de 50 mil agentes, recibiendo entre siete mil y ocho mil jóvenes que semestralmente egresan del servicio militar, que serán capacitados en tareas de patrullaje y vigilancia durante un año.

En un texto publicado en el diario El Comercio, Pedraglio señala que los facilismos suelen ser inútiles y cita al respecto a la socióloga Lucía Dammert, en el sentido de que el Código Penal ha sido modificado para aumentar y endurecer las penas de cárcel, 481 veces entre 1991 y 213, lo cual no ha dado resultado.

La especialista en seguridad indica que esa política privilegia propuestas de mano dura para los delincuentes, participación de las fuerzas armadas en el combate contra la delincuencia y deportación de migrantes” y nada de ello es efectivo ni útil.

Pedraglio anota que optar “salidas cortoplacistas y de supuesto impacto en la opinión pública puede generar efectos negativos y, sobre todo, un mayor escepticismo en la población en cuanto las bondades de las soluciones alcanzadas en democracia”.

El abogado Juan José Quispe sostuvo que el nuevo cuerpo de policía es una iniciativa muy peligrosa porque usará personal con escasa preparación y los mandos policiales y autoridades gubernamentales no serán responsables de los excesos y violaciones los derechos humanos que los agentes puedan cometer.

El nuevo cuerpo policial tiene entre sus tareas la de contribuir con la convivencia pacífica de la ciudadanía, lo cual encubre el objetivo de que actúen contra las protestas sociales, según Quispe.

Sus integrantes “van a matar delincuentes y reprimir protestas sin ninguna responsabilidad de los altos mandos”, advirtió.