La mayoría de ellos falleció tras ser heridos por proyectiles que fueron disparados por armas oficiales de las fuerzas del orden. Ante esto, reconocidos organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Human Rights Watch y, más recientemente, la ONU han señalado que hay evidencias contudentes del uso letal y desproporcionado de la fuerza ejercida por la Policía y el Ejército contra los manifestantes que protestaron clamando por nuevas elecciones.

Además, los informes enfatizan en que el gobierno de Dina Boluarte no ha presentado evidencias de que las marchas estén relacionadas con el terrorismo o actividades ilícitas, como constantemente han argumentado a fin de evitar responder por sus responsabilidad política.

En entrevista con el medio Infobae Perú, César Muñoz, director asociado de la División de las Américas de la organización internacional Human Rights Watch sostiene que resulta complicado que el gobierno establezca un diálogo con las víctimas de la represión mientras no se reconozca que tuvo responsabilidad por el alto número de muertes.

Esto porque, según argumenta, a fines del 2022 ya existían evidencias de violaciones contra los derechos humanos, pero la gestión de Boluarte no tomó acciones para impedir que hechos como la masacre de Juliaca, donde murieron 17 personas en un solo día, ocurrieran, pese a que ya había advertencias de la comunidad nacional e internacional.

“Yo no he visto declaraciones sobre las protestas del gobierno desde que publicamos el informe, entonces no te puedo decir si lo están cumpliendo o no, pero diría es que es muy importante que el gobierno respete el derecho a la protesta pacífica, que tienen todos los peruanos y las peruanas”, aseguró Muñoz.

Y afirmó que: “Las personas que han salido a las calles tienen demandas legítimas que deberían ser discutidas a nivel nacional. Debería haber un diálogo nacional sobre esto. Y estigmatizar a las personas, asociarlas con el terrorismo, sin ninguna evidencia, es muy perjudicial”.

Por otro lado consideró que hubo actos de violencia por parte de grupos de manifestantes, pero no fue la mayoría de la gente. “Y esa violencia por parte de los manifestantes se tenía que responder de forma proporcional y dirigida solo a esas personas”, acotó y graficó: “Lo que vimos en la respuesta del Estado fue una respuesta desproporcionada, indiscriminada, contra cualquiera que estaba allá y brutal que resultó en una tragedia”.

El director asociado afirmó que considera que el Gobierno de Boluarte es responsable por la tragedia: “Para nosotros es claro que en diciembre del año pasado ya había evidencia del uso desproporcionado de la fuerza y de abusos. Nosotros lo dijimos en una nota de prensa que publicamos en diciembre, después de lo que ocurrió en Ayacucho. Pero lo dijo la Unión Europea también y lo dijeron muchísimas voces dentro del Perú”, sostuvo.

Y concluyó: “Ahora el gobierno no puede decir que no sabía y en ese momento no tomó medidas adecuadas para prevenir más muertes. Eso es muy lamentable porque con una acción decidida en aquella época tal vez no habría habido tantas muertes como hubo”.