Según la fiscalía, que anunció la formación del equipo el lunes, el principal cometido del nuevo cuerpo es investigar "casos con víctimas durante las protestas sociales, para que se avoque a dedicación exclusiva de los delitos cometidos contra la humanidad", así como "los delitos comunes que hayan constituido casos de violación de derechos humanos".

La declaración de las víctimas, reproducida hoy por la prensa peruana, destaca, sin embargo, que el equipo especial anunciado por la Fiscalía tiene "afán de retrasar las investigaciones".

"No nos permiten participar como víctimas con nuestros abogados en las declaraciones de los denunciados", acusan, además de puntualizar que el traslado a Lima de la investigación "limitará en tiempo y costos realizar el seguimiento" de los casos.

Ante esto, invocan a la Defensoría del Pueblo, a la Procuraduría General y a las instituciones aún independientes, así como organizaciones y defensores de derechos humanos, a denunciar este abuso".

A ello hay que sumarle también los "recursos precarios" de los familiares de las víctimas, señala el diario La República.

Las declaraciones se producen después de que en una entrevista con la cadena TV Perú, Joseph Campos, abogado de la presidente Dina Boluarte, afirmó que las más de 50 muertes durante los disturbios contra la mandataria tienen que revisarse "caso por caso", ya que, "aunque parezca paradójico", puede ser "que la víctima misma haya sido la provocadora de la situación en la que muere".

El equipo de fiscales que el grupo rechaza fue conformado esta semana por la fiscal general de Perú, Patricia Benavides, y está integrado por 12 fiscales, liderados por Mariana Mendoza Sánchez, y deberán llevar a cabo la investigación sobre las protestas "en el tiempo más breve posible señalando a los responsables", informó el portal informativo peruano RPP.

La fiscal de la Nación pidió a las víctimas y la sociedad "tener confianza" en el trabajo que realizarán los integrantes del equipo especial.

"La competencia de este equipo especial será a nivel nacional y garantizamos un enfoque en la víctima y los derechos humanos, respetando la dignidad y que las víctimas sean tratadas con humanidad durante las investigaciones", sostuvo Benavides.

Las protestas en Perú se iniciaron tras la detención del expresidente Pedro Castillo y su acusación por rebelión al intentar cerrar el Congreso y convocar elecciones parlamentarias.

La destitución y arresto del exmandatario terminó con el ascenso de quien hasta entonces había sido su vicepresidenta, Boluarte

Desde aquel momento, miles de manifestantes salieron a las calles para mostrar su desacuerdo con la nueva jefa del Estado y reclamar la convocatoria de elecciones anticipadas.

Las manifestaciones dejaron 67 muertos (49 civiles en enfrentamientos, seis militares ahogados en un río en un hecho confuso y un policía "en el contexto del conflicto" y otras 11 personas por accidentes y otras consecuencias de los bloqueos de rutas) y 1.335 heridos, según el último balance de la Defensoría del Pueblo el 2 de abril.