"No hay forma de avanzar si no se hacen las cosas en forma idónea, con integridad. Desde este Gobierno nos manejamos en esa línea", sostuvo la Presidente, antes de indicar que este será un modelo para ser aplicado también en los ministerios.

La comisión especial estuvo presidida por el abogado Oscar Schiapa Pietra e integrada por los expertos Jorge Chávez Álvarez, Maruska Chocobar, Herbert Cusma, Richard Garcia, Ana Parí, Giofianni Peirano y el diplomático Luis Chuquihuara, como asesor.

Su informe propone seis ejes para la reestructuración del despacho presidencial, que comprenden Integridad, Transparencia y Rendición de Cuentas, Reforma Organizativa, Recursos Humanos, Mecanismos de Coordinación, Transformación Digital y Comunicación Efectiva y Gestión del Cambio.

Sobre la Integridad, transparencia y rendición de cuentas, plantea declarar "el principio de máxima transparencia como norma fundamental", implementar un modelo de integridad, identificar los riesgos y espacios para la corrupción y desarrollar mecanismos para mitigar ese riesgo.

En reforma organizativa se propone elaborar un "manual de buen gobierno corporativo" y fortalecer la dependencia responsable de la atención al ciudadano y el gabinete de asesores, para que esté conformado por expertos, entre otras medidas.

Al referirse a los recursos humanos, se recomienda evaluar las necesidades de personal sobre la base de sus funciones, revisar los perfiles funcionales, fortalecer la transparencia en la contratación y coordinar con el organismo Servir "la evaluación del cumplimiento de requisitos y perfiles de los potenciales servidores".

Además, se propone incorporar el uso intensivo de tecnologías digitales "para una mejor toma de decisiones, gestión de seguridad y de los procesos del despacho presidencial" y la implementación de un "Centro de Gobierno".

Entre las recomendaciones inmediatas, se plantea publicar las actas del Consejo de Ministros del gobierno de Pedro Castillo (2021-2022), que se evalúe el riesgo de conflicto de interés en el despacho presidencial y establezcan las funciones de los consejeros, con prioridad en la temática de acceso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Los expertos plantearon guardar los archivos de video seguridad y registro de visitas, establecer un mecanismo de alerta ante un desperfecto o deshabilitación de las cámaras de seguridad e implementar la plataforma de "Debida diligencia en el despacho presidencial" para el control de visitantes.

Boluarte anunció en diciembre pasado la instalación de la comisión, que realizó indagaciones en el periodo del 28 de julio del 2021 al 7 de diciembre del 2022, cuando gobernó Castillo, al que reemplazó luego de que este fuera destituido por el Congreso por intentar dar un golpe de Estado.

Al respecto, la comisión determinó que en el nombramiento de los ministros de Castillo "no hubo mecanismos de selección basados en la verificación de antecedentes penales y éticos, ni en la calificación de experiencia y competencias profesionales".

Además, estableció que en la designación de los asesores del despacho presidencial no se dio prioridad a la idoneidad y predominó "la ausencia de mecanismos de coordinación mínimas" para la organización de los consejos de ministros en diferentes regiones del país "sin contar con normas reglamentarias, agendas previas ni documentación sustentatoria".